Manejo de recursos naturales
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Ontologías,
suelo y agua
Unidad 1
Manejo de recursos naturales
El término biocentrismo, posee básicamente tres significados: filosófico, medioambiental y el biocentrismo jurídico.
En lo concerniente al ámbito filosófico, se considera como una doctrina ética en la cual el ser humano no posee ninguna posición privilegiada con respecto a los demás seres vivos. También se puede analizar como una posición anti-antropocéntrica, dado que el ser humano deja de ser el foco central para dar lugar al respeto por toda forma de vida.
El biocentrismo en términos medioambientales, tiene a su vez dos vertientes: una de ellas toma como elemento básico, la biota y tiene como paradigma la selección natural y, sobre todo, defender la biodiversidad; por otro lado, está la línea científica que considera no solo los organismos, sino también al medio abiótico que los rodea, tomando como principal objeto de análisis los flujos de materia y energía que ocurren dentro del sistema (Aretxaga, 2006 p.30).
La naturaleza comenzó a ser objeto de derechos, en lo que se denomina ahora como biocentrismo jurídico, una reivindicación que se emprendió en el siglo XX, gracias a lo que (Roa, 2016 p.67) denomina el “romanticismo alemán”, una serie de manifestaciones culturales que tuvieron eco en todo el mundo. Colombia no ha sido ajena a ese movimiento, a nivel mundial se le ha reconocido por tener una Constitución con un gran énfasis en la protección del medio ambiente, lo que (Amaya 2002 como se citó en Roa, 2016 p.69), señala como la Constitución Ecológica por excelencia.
La concepción de la justicia ambiental no deja de desligarse de los derechos humanos, lo cual implica que sigue teniendo un carácter antropocéntrico que lo diferencia de la justicia ecológica (Rodríguez, 2017, p.10).
Según Baxter (1999), como se citó en Bell, (2016, p.208); la justicia ecológica es la “justicia entre los seres humanos y el resto del mundo natural”. Distinguiéndose claramente de la justicia ambiental, ya que esta última se refiere a la distribución de los beneficios ambientales y cargas entre los seres humanos”, lo cual es consistente incluso con un marcado antropocentrismo, que ve el mundo natural como un medio para los fines humanos.
Dentro de los términos elementales de la justicia ecológica, la naturaleza se visualiza como un sujeto jurídico de carácter especial, otorgándole una existencia y un valor intrínseco, ya que de ella depende la vida en el planeta:
Se trata de una persona jurídica de Derecho Público que puede asimilarse a una fundación para la vida, la cual ha sido creada por sí misma (o ha sido creada, si se quiere, por un Creador) para hacer del planeta Tierra la morada de un universo de seres vivientes (Stutzin como se citó en Rodríguez, 2017, p.12).
Como perspectiva de investigación, la justicia ecológica reconoce que la naturaleza tiene un valor intrínseco y examina sus interconexiones y la interdependencia mutua de todas las especies. Sus proponentes no solo buscan expandir el dominio de la "considerabilidad moral" más allá de los humanos, sino también incluye los animales, plantas e incluso objetos inanimados como rocas, ríos y océanos. De manera general, la justicia ecológica busca reposicionar la relación de los humanos con la naturaleza y establecer obligaciones morales con entidades no humanas (Byrne, 2010, p.1-2).
El término desarrollo sostenible tiene su primera aparición de forma oficial en 1987, en la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, también conocido como Informe Brundtland: “Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Naciones Unidas, 1987, p.23).
Transcurridas casi un par de décadas (Cumbre de Johannesburgo, 2002), la definición del desarrollo sostenible viró hacia un enfoque más holístico, considerando aspectos económicos, sociales y, sobre todo, ambientales. Posteriormente, en la Cumbre de Rio +20:
Reafirmamos también que es necesario lograr el desarrollo sostenible promoviendo un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo y la inclusión, y promoviendo la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, que contribuye, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano; y facilita al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas frente a los problemas nuevos y en ciernes (Asamblea General de las Naciones Unidas 2012 como se citó en Jeffrey, 2014 p.23)
Para complementar la definición anterior, en los tres ejes fundamentales del desarrollo sostenible:
Según lo dispuesto en su Artículo 1, de la Ley de 99 de 1993 en sus Principios Generales Ambientales, la política ambiental colombiana seguirá los siguientes preceptos:
Las políticas públicas ambientales son un lineamiento o directriz que se toma frente a la planeación, protección, prevención y control de los recursos naturales como resultado de intereses, decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos político económico y social, adelantados por el Gobierno Nacional con la finalidad de prevenir o solucionar las necesidades y problemáticas ambientales del país para ser implementadas a nivel nacional, territorial y sectorial, propendiendo por la sostenibilidad ambiental (Minambiente, 2022).
Para la construcción de políticas ambientales se requiere de varias etapas que forman un ciclo continuo, con carácter participativo e incluyente, ver Figura 1.
Se realiza una propuesta de la iniciativa política que garantice su aprobación.
En el diagnóstico, se determina la situación de interés, se identifica la problemática ambiental, sus dimensiones, se busca priorizar sus causas y efectos que servirán de base para la formulación.
Formular y aprobar una política ambiental que considere las principales estrategias que promuevan de manera efectiva la solución de las problemáticas identificadas.
Se emplean medios de difusión para dar conocimiento a las partes interesadas, para que se promueva y gestione la implementación efectiva de las acciones definidas.
Se realiza seguimiento y control de la implementación para conocer el avance de las acciones o estrategias definidas. Entre las principales herramientas o mecanismos empleados está: recolección de información, procesamiento de la información y verificación de la calidad de los datos y su fuente.
El proceso se realiza a solicitud de las diferentes dependencias al Departamento Nacional de Planeación.
El suelo se forma de manera continua, pero lenta, a partir de la descomposición gradual de las rocas a través de la meteorización, que puede ser un proceso físico, químico o biológico:
La acumulación de material por la acción del agua, el viento y la gravedad también contribuyen a la formación del suelo. Estos procesos pueden ser muy lentos, tomando muchas decenas a miles de años, además de la meteorización, existen otros factores que influyen en la formación del suelo:
Las interacciones entre estos factores producen una variedad infinita de suelos en la superficie de la tierra (Queensland Government, 2016).
A nivel mundial existen diferentes tipos de clasificación de suelos, en América Latina y el Caribe el sistema estadounidense (Soil Taxonomy) es el predominante, sin embargo, países como Brasil, Cuba, Uruguay y Surinam manejan sistemas propios, una de sus razones fue debido a que el sistema norteamericano no le presto mucha atención a los suelos tropicales, ya que uso como referencia los suelos de Puerto Rico, algo que los países divergentes consideraron que no era representativo del trópico, dado el tamaño de la isla (Gardi, C et al, 2014).
Los órdenes representan los taxones más generales agrupados según características comunes (Gardi, C et al, 2014):
Según el IGAC (2012), como se citó en IDEAM & SIAC, (s.f.), en el territorio colombiano los suelos son muy diversos y de los 12 órdenes existentes cuenta con 11, exceptuando los gelisoles, ver Tabla 3.
Estos 11 tipos de suelo están distribuidos así:
La conservación y el manejo sostenible del suelo son indispensables para lograr el bienestar de la población y está interrelacionado con el éxito o el fracaso de numerosas políticas públicas relacionadas con los sectores agropecuario, minero, de vivienda, desarrollo urbano y agua potable, de industria y comercio, de transporte, salud, entre otros. Adicionalmente, la gestión sostenible del suelo es fundamental para consolidar los procesos de paz en el país, teniendo en cuenta lo anterior, se construyó la Política para la Gestión Sostenible del Suelo (IDEAM & SIAC, s.f.).
Su proceso de formulación comenzó a gestarse en 2011, con la participación de actores nacionales, regionales y locales, buscando promover la gestión sostenible del suelo en Colombia, en un contexto integral, abarcando temas como la conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión de riesgo.
La implementación de la política propone un plan de acción de cumplimiento a 20 años, cada 5 años se realizará una evaluación y ajustes de las actividades e indicadores, y cada 10 años una evaluación integral, haciendo las correcciones pertinentes a sus objetivos, acciones, metas, etc.
El plan de acción para la gestión sostenible del suelo contempla 6 líneas estratégicas y una económica, a continuación, se presentan sus objetivos:
La gestión sostenible del suelo constituye una oportunidad económica, por cuanto garantiza un flujo de beneficios atados a la preservación y mejora de la capacidad productiva a través del tiempo, soportada en la reducción de los riesgos ambientales y la minimización de costos en el mediano y largo plazo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, p.76).
Estrategias de financiación de la política nacional para la gestión sostenible del suelo en Colombia:
En junio de 2021 el Grupo de Políticas Planeación y Seguimiento entregó el Informe de Seguimiento de Políticas Públicas corte 2020-2, conteniendo entre otros, los avances de la política nacional para la gestión sostenible del suelo en Colombia, evidenciando progresos en algunas líneas relacionadas con temas de capacitaciones y fortalecimiento institucional, pero no mostró resultados en programas de seguimiento a la calidad del suelo, así como tampoco en programas de conservación de suelos y promoción de sistemas sostenibles (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021, p. 18-24).
El conflicto en el uso de los suelos ocurre cuando la asignación que se le da no corresponde a su vocación u ordenanza. La vocación se refiere al uso que una unidad de suelo está en capacidad de soportar en términos de sostenibilidad, se divide en 5 clases: agrícola, ganadera, agroforestal o agrosilvopastoril, forestal y de conservación. En la tabla 4 se muestran los tipos de vocación de suelo que hay en Colombia.
Los conflictos en el uso del suelo tienen entre otras causas, las planificaciones y políticas desacertadas, a esto hay que sumarle las problemáticas sociales, de violencia, despojo y migración forzada, abandono estatal, entre otros, con las que el país lleva conviviendo desde hace más de 50 años (Calvano et al, 2014).
Los conflictos de uso del suelo se encuentran clasificados por uso adecuado, subutilización y sobreutilización, según IGAC (2012) como se citó en FAO & MADS (2018, p.11). En la Tabla 5, se relacionan los conflictos de uso relacionados con la actividad agrícola.
El conflicto en el uso de los suelos ocurre cuando la asignación que se le da no corresponde a su vocación u ordenanza. La vocación se refiere al uso que una unidad de suelo está en capacidad de soportar en términos de sostenibilidad, se divide en 5 clases: agrícola, ganadera, agroforestal o agrosilvopastoril, forestal y de conservación. En la tabla 4 se muestran los tipos de vocación de suelo que hay en Colombia.
Principios para la salud del suelo (USDA). La USDA (United States Department of Agriculture) propone 4 ejes fundamentales para conservar la salud de los suelos, tal como se ve en la Figura 4.
Minimizar los disturbios: la perturbación del suelo puede ser el resultado de actividades físicas (labrado, compactación), químicas (mala aplicación de insumos agrícolas) o biológicas (sobrepastoreo).
Maximizar la cobertura del suelo: la cobertura del suelo conserva la humedad, reduce la temperatura, intercepta las gotas de lluvia (para reducir su impacto destructivo), suprime el crecimiento de malas hierbas.
Maximizar la biodiversidad: la clave para mejorar la salud del suelo es garantizar que las cadenas, redes alimentarias y energéticas, estén formadas por varios tipos de plantas o animales, no solo por uno o dos. El aumento de la diversidad en la rotación de cultivos y cultivos de cobertura aumenta la salud y la función del suelo, reduce los costos de insumos y aumenta la rentabilidad.
Maximizar las raíces vivas: un suelo sano depende de qué tan bien se alimenta su red trófica. Proporcionar una gran cantidad de alimentos de fácil acceso a los microbios del suelo les ayuda a reciclar los nutrientes que las plantas necesitan para crecer. Los azúcares de las raíces de plantas vivas, las raíces de plantas muertas recientemente, los residuos de cultivos y la materia orgánica del suelo alimentan a muchos y variados miembros de la red alimentaria del suelo (USDA, 2015).
La FAO y el Grupo Técnico Intergubernamental del suelo (itps), proponen unas directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos, (FAO & itps, 2017, p.7-13):
Las directrices son de carácter voluntario y no son vinculantes. Se han elaborado a partir de los principios emanados en la Carta Mundial de los suelos y contemplan elementos técnicos, e incluyen las tipologías principales de los suelos gestionados sosteniblemente, sus desafíos y las posibles soluciones. A pesar de que tiene un enfoque muy marcado en la agricultura, también consideran la importancia de preservar los servicios ecosistémicos (FAO & itps, 2017, p.2).
En 2018, la FAO y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, elaboraron el documento “Guía de buenas prácticas para la gestión y uso sostenible de los suelos en áreas rurales”, con el que buscan estructurar planes para el uso y manejo de los suelos, además se resalta la importancia de evaluar sus características antes de realizar cualquier actividad, ya sea agrícola, ganadera, entre otros. (FAO & MADS, 2018, p.1). En Tabla 6 se desglosan las practicas sugeridas en la guía.
Agua potable o agua para consumo humano, es aquella que, por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal (Decreto 1575 de 2007, Art. 2)
A partir de la Resolución 2115 de 2007, se definen las características físicas, químicas y microbiológicas del agua apta para el consumo humano.
En la Tabla 7 se expresan los valores máximos permitidos para las características físicas y químicas del agua.
En la Tabla 8 se expresan las características microbiológicas.
En la actualidad hay tres tipos de índices que se emplean para medir la calidad del agua:
Para la década del 90, Colombia se encontraba en el cuarto lugar del mundo con mayor volumen de agua por superficie, su rendimiento hídrico era de 60 litros por km2. A causa de la deforestación su volumen ha disminuido, así como su calidad, afectando no solo ecosistemas terrestres sino también los acuáticos, dada su estrecha relación con los ciclos biogeoquímicos (Cisneros & Tundizi, 2012, p.195).
El territorio colombiano se caracteriza por tener una topografía y régimen climático muy variado, infiriéndole que posea una de las mayores ofertas hídricas del mundo, distribuida tal como se observa en la Figura 5.
Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (Decreto 1640 de 2012, Art.3)
Tal como se observa en la Figura 5, Colombia posee una importante red de cuencas hidrográficas que bañan todo su territorio, a eso hay que añadir que el país posee varias fuentes de agua:
Periódicamente la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, incluyen dentro de sus planes de gestión del riesgo el monitoreo de la calidad del agua a nivel nacional, para garantizar la seguridad en el abastecimiento del agua potable. Se analizaron 158 muestras de 96 municipios, a cada muestra se le midieron 39 parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para elaborar el IRCA (Superintendencia de servicios públicos y domiciliarios, 2020, p.69).
En la Figura 6 se encuentran reseñados los resultados obtenidos en el estudio nacional de calidad de agua IRCA.
En la figura se aprecia como en algunos municipios de los departamentos de Antioquía, Huila, La Guajira, Risaralda, Caquetá, la calidad del agua tiene niveles de alto riesgo y en otros los índices muestran que sus aguas no son viables sanitariamente. En los resultados de laboratorio también se encontraron altos niveles en las pruebas microbiológicas, también de patógenos como la hepatitis A (Superintendencia de servicios públicos y domiciliarios, 2020, p.70-72).
A partir de una meta fijada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, nace la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, con vigencia para 12 años desde el 2010-2022. En su formulación también va incluido el Plan Hídrico Nacional, que se fundamenta en los siguientes principios (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010, p.95-96):
Para lograr los objetivos propuestos, se establecen las siguientes estrategias para implementar el Plan Hídrico Nacional:
Objetivo 5, fortalecimiento institucional: generar las condiciones para el fortalecimiento institucional en la gestión integral del recurso hídrico.
Dado que la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico tiene una vigencia de 12 años, en el transcurso del 2022 se debería tener un informe de verificación de cada objetivo planteado, mediante el cumplimiento de sus estrategias descritas anteriormente
Los conflictos de uso del agua son el resultado de la interacción entre los actores del territorio, donde surge una dinámica de visiones opuestas que crea polémica y grupos de interés, a causa de las diferencias reales o percibidas por el uso y aprovechamiento del recurso hídrico y de los ecosistemas de los que depende su disponibilidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, p.18).
Como consecuencia de la diversidad de conflictos que se generan en torno al uso del recurso hídrico, (Martín & Bautista, 2015) a través de un documento de la CEPAL, proponen la siguiente tipología que se resume a continuación:
En Colombia, la gobernanza del agua nace jurídicamente por medio del Decreto 1640 de 2012, el cual reglamenta el Plan Hídrico Nacional de 2010 en el marco del nuevo esquema de planificación hídrica que confirma a las cuencas hidrográficas como la unidad básica de gestión (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012 como se citó en Castro et al, 2019).
La gobernanza del agua se debe comprender como un proceso en el que ocurren interacciones dinámicas entre los actores interesados en una determinada problemática en torno al agua, con el propósito de dar soluciones mediante el establecimiento de metas comunes (Minambiente, 2021 p.2).
Principios de Gobernanza del agua según la OCDE. Desde el 2010, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha venido desarrollando un marco analítico y herramientas para facilitar el diseño de políticas que permitan identificar los desafíos y así mismo, superar las brechas de gobernanza que afectan a diferentes países (OCDE, 2015 p.2).
Los principios buscan contribuir a la creación de políticas públicas aplicables y que se orienten a la consecución de resultados, en base a tres dimensiones de la gobernanza del agua que mutuamente se refuerzan y complementan (OCDE, 2015 p.3):
En la Figura 7 se aprecian los principios de gobernanza, que surgen de las dimensiones anteriores:
Los principios se han formulado teniendo en cuenta que no existe una solución universal para resolver los desafíos del agua en el mundo, cada país tiene sus particularidades, por tanto, lo que se presenta es un conjunto de opciones basadas en la gran variedad de sistemas legales que hay en cada región.
De manera general, para entender la crisis del agua que afronta el país (acceso, disponibilidad, uso y calidad, entre otros), se enuncian las principales causas (Minambiente, 2021, p.7-8):
El estado colombiano adopta los principios de la OCDE en relación con la gobernanza, a partir de estos referentes se han definido líneas estratégicas para materializar las acciones que permitan implementar y fortalecer la gobernanza del agua en la gestión integral del recurso hídrico. A continuación, se presentan las 5 líneas y sus objetivos (Minambiente, 2021 p.20-24):
Debido a que el documento “Programa Nacional de Gobernanza de Agua, Documento técnico de trabajo y avances” presentado en septiembre de 2021, aún se encuentra en fase de borrador, no se han incluido sus estrategias de financiación, evaluación y seguimiento. Se espera que sea completado próximamente para darle continuidad a esta importante línea política en pro de la conservación y gestión del recurso hídrico.