En Colombia se viene presentando desde hace más de una década la reprimarización de la economía, lo cual significa un retorno a la extracción-explotación-exportación de materias primas. Actividades como la minería, la extracción de hidrocarburos, la producción de agrocombustibles y la explotación forestal, vienen desencadenando impactos sociales y ambientales negativos.

Ante la situación ambientalmente insostenible, las autoridades ambientales deben fortalecer los mecanismos de regulación, vigilancia y control de las actividades económicas, particularmente de aquellas que tienen por objeto la extracción de recursos naturales o su explotación in situ. Además de las leyes y las penalidades (multas, cancelación de licencias ambientales), se debe abrir el espacio a las veedurías ambientales, con amplia participación ciudadana.